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Petróleo

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Dudas, reparos y resistencias fueron planteados por los gobernadores de las provincias petroleras que integran la Ofephi en la reunión que mantuvieron con el ministro de Planificación. La convocatoria fue realizada para analizar los alcances del decreto 1.247 que regula los alcances de la ley de soberanía hidrocarburíferas y que generara cuestionamientos en esos estados.
Julio De Vido consideró que la nueva normativa creó un escenario diferente en la relación federal de la Nación con las provincias, en el marco petrolero. Uno de los principales puntos bajo análisis es el que determina el nivel de participación de las provincias en las definiciones de las concesiones de las áreas que se encuentran dentro de sus jurisdicciones.
Es que el decreto reglamentario de la ley de soberanía hidrocarburíferas, a través de la cual el Estado nacional se quedó con las acciones de la petrolera española Repsol en YPF, concentra todo el poder de decisión en el gobierno central. Por sus disposiciones se van a revisar las casi doscientas concesiones operativas en el país, a fin de ajustarlas a un plan de inversiones nacional cuya definición, control y poder de sanción a los incumplimientos quedó en manos de una comisión que integran organismos federales pero que excluye a las provincias.
A raíz de ello hay movimientos en distintos sectores políticos en los estados productores. En ese orden, Mendoza se puso a la cabeza de una iniciativa que apunta a abrir una discusión federal por el manejo del petróleo, que no excluye la posibilidad de una demanda judicial contra la Nación. La oposición anticipó la posibilidad de pedir el juicio político al gobernador cuyano, si no encara una defensa contundente de la soberanía de la provincia sobre un recurso que no es renovable. En igual sentido se pronunciaron los partidos políticos de Tierra del Fuego, que a través de legisladores nacionales, se aprestan a solicitar la derogación del polémico decreto. Por ahora, el debate se ha centralizado en la Organización de Estados Productores de Hidrocarburos.
También está planteada la resistencia en el ámbito gremial, pese a que el sector tiene un lugar en el directorio de YPF. Precisamente, la oportuna intervención del ministro de Planificación, impidió que avance la organización de una movilización en la Capital Federal para denunciar públicamente lo que consideran un avasallamiento de los derechos provinciales.
En Salta, el Gobierno Provincial manifestó mesura en el análisis de la cuestión, mientras que el arco político no dio ninguna señal de preocupación al respecto. El análisis realizado por el titular de la cartera política provincial muestra que hay una subordinación al objetivo de alcanzar el autoabastecimiento del país en materia de petróleo y gas, en tanto no se pierdan regalías y se mantenga la propiedad sobre los recursos, cuestión asegurada constitucionalmente.
El debate ha comenzado y sus alcances dependerán de las negociaciones inauguradas ayer entre los gobernadores y el Ejecutivo nacional. La clave es la activa participación ciudadana en el control de los acuerdos que se alcancen.
Salta, 07 de agosto de 2012

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